En un país donde el 56% de la niñez vive en condiciones de pobreza, el sistema de salud está cada vez más saturado, están cerrando las salas de parto, la violencia obstétrica es el pan de cada día de quien pare, la gente vive de cheque en cheque en trabajos sin flexibilidad ni beneficios, la gentrificación no permite adquirir vivienda, y el cambio climático nos está respirando en la nuca…
¿Nos quieren ahora también imponer condiciones sobre nuestros cuerpos y nuestras vidas?
¿Nos quieren negar el derecho a decidir si, cuándo y en qué condiciones tener hijes, y a poder criarlos con dignidad, seguridad y bienestar? ¿Nos quieren obligar a parir y a criar en medio de la precariedad?
Este es el momento de salir a la calle.
No todo lo que pasa en un parto es cuidado — a veces es violencia, aunque se normalice. Intervenciones sin consentimiento, comentarios humillantes, decisiones tomadas sin consultar. Eso es violencia obstétrica, parte de un sistema que prioriza el control y el protocolo sobre las personas. La justicia reproductiva incluye poder parir sin miedo y elegir cómo quieres hacerlo.
El sistema de salud no está diseñado para atender las necesidades de las personas trans, y se nota. Acceder a servicios reproductivos implica incertidumbre constante: no saber si les van a respetar, si les van a nombrar correctamente, o si recibirán atención adecuada. El sistema sigue organizado bajo una lógica binaria que niega sus experiencias y limita su derecho a una atención digna.
Expandir una familia para muchas personas queer implica atravesar sistemas que no fueron diseñados para elles. Opciones como adopción, IVF o subrogación están atravesadas por barreras económicas, legales y sociales, además de estigmas y prejuicios constantes. La justicia reproductiva busca que todas las personas puedan expandir sus familias sin importar sus orientaciones sexuales e identidades de género.
A les adolescentes se les controla mucho más de lo que se les escucha. Se les limita el acceso a información confiable, se les restringe el acceso a servicios y se asume que no pueden tomar decisiones informadas sobre sus propias vidas. La justicia reproductiva implica reconocer su capacidad, garantizar acceso a información veraz y acompañarles en la toma de decisiones sobre sus cuerpos.
En las conversaciones sobre reproducción, los hombres están pero a la vez no están. No se les educa sobre salud sexual, sobre el consentimiento, ni sobre el cuidado. Se les imponen expectativas rígidas desde la niñez, limitando su rango emocional y excluyéndolos de espacios de crianza. La justicia reproductiva implica repensar quién carga con la responsabilidad y quién ha aprendido a evadirla. Esta lucha también es de ellos.
Hay una idea silenciosa de que con la edad, la autonomía, la sexualidad y el placer dejan de importar. Sus cuerpos cambian y no se les explica cómo vivir plenamente. En espacios institucionales, otras personas deciden por ellas. La justicia reproductiva para las personas mayores significa que el acceso al goce, al deseo y a vivir en plenitud no tienen fecha de expiración.
Para muchas sobrevivientes, sus agresores usan el control reproductivo como herramienta de violencia: manipulación de anticonceptivos, embarazos forzados, el uso de hijes para mantener el poder. Asegurar sistemas de salud reproductiva que permitan a las personas sobrevivientes tomar decisiones sobre sus cuerpos es justicia reproductiva.
Hay cuerpos a los que el sistema directamente no les reconoce la capacidad de decidir. Las personas psiquiatrizadas han sido históricamente controladas en sus decisiones reproductivas: esterilizaciones forzadas, anticonceptivos administrados sin conocimiento, salud mental usada como arma en tribunales. La justicia reproductiva implica reconocer su capacidad de decidir y proteger su derecho a una vida libre de coerción.
En defensa de nuestros cuerpos y nuestras vidas.
